El miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos Paul Reichler realizó esta solicitud durante la última jornada con que contaba Uruguay para exponer sus argumentos ante el tribunal de La Haya, informó EFE.
Para nuestro país, solamente hay "un remedio" a este conflicto: "que la Corte afirme su derecho de que la celulosa opere de acuerdo con el Estatuto de 1975", mantuvo el letrado.
Reichler instó a la Corte a no desaprovechar "la única oportunidad de aportar una solución pacífica" a la disputa entre Uruguay y Argentina.
Al presentar sus argumentos, la delegación uruguaya también acusó a Argentina de no haber presentado ningún informe independiente sobre los efectos medioambientales de la papelera.
Uruguay invitó a la Corte a que considere como únicos estudios independientes los elaborados o encargados por la Corporación Financiera Internacional que es un miembro del Grupo Banco Mundial.
Esos informes concluyeron que la actividad de Botnia "aporta beneficios económicos significativos para Uruguay sin causar daño medioambiental al río", recordó Reichler.
El profesor de Derecho de la Universidad de Florencia, Luigi Condorelli, consideró "inaceptable " y "desproporcionado" que Argentina vea "el desmantelamiento de la planta" como única solución al conflicto, incluso en el caso de que la actividad de la celulosa Botnia no suponga un daño medioambiental al río.
En su opinión, los "remedios" posibles dictados por la Corte deberían diferenciar, por una parte, entre violaciones del procedimiento formal a la hora de permitir la construcción de la planta y, por otra, infracciones "de contenido", entendiendo en este sentido daños al ecosistema.
Condorelli recordó que el Estatuto de 1975 recoge medidas como "compensación" y "remedio" adecuado en el caso de que una de las partes haya causado contaminación en el río.




